Hoy es día del padre

Hoy es el día del padre. Pero este domingo es distinto a los que hemos celebrado en los últimos 35 años. Aún cuando se ha dicho que esta conmemoración es un efecto comercial, para los padres nuestro día es todos los días. Para nuestros hijos, es el compartir cada hora y cada momento el amor filial y, con ello, la construcción de espacios para consolidar los valores familiares.

Ahora, algunos se preguntarán, pero que tiene de distinto este día del padre. Para muchos es reunirse con los hijos en el hogar para brindar. Para mi es reflexionar sobre los días que están por venir, en vista de que está en juego la libertad de mi segundo hijo.

Para quien forma parte de una familia, donde cuatro generaciones han sido defensores de la seguridad de la gente, hoy sentimos que la justicia no es ciega, sino tuerta. Esto lo afirmamos porque en la aplicación del debido proceso está constreñido a un solo efecto y a una sola voz.

Nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ley madre de todas las normas jurídicas y legales del país, invoca “que todas las personas son iguales ante la ley”, y que el ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, es demostrativo que aún sigue aplicándose la justicia inquisitiva. Es decir eres culpable desde el momento mismo que se relaciona a un hecho penal.

El artículo 21, ordinal 1, de la Carta Magna, invoca que no se permitirá discriminación fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. No obstante, por allí hay que gente que amparándose en una suerte de denominación mercantil “lanza a los funcionarios policiales al desprecio público”.

El llamado es a los jueces naturales y a los fiscales del Ministerio Público, para que asuman lo contemplado en el Código Orgánico Procesal Penal, en la cual toda persona tiene derecho a ser juzgada en las jurisdicciones ordinarias, con las garantías establecidas en la Constitución y en la ley. Y no en páginas web o a través de fundaciones que pretenden asumir el papel de representantes del Ministerio Público.