Ya
son 29 años de aquel estallido social que conllevó al país a una confrontación
que no puede calificarse de “guerra civil”, sino el acto más genocida que haya
tenido Venezuela. Ni siquiera en la época de la independencia, se pudo observar
tanta barbarie como la ejecutada por el gobierno de Carlos Andrés Pérez el 27 y
28 de febrero de 1989, donde el mayor saldo de víctimas fue el 27 de febrero.
Con
un saldo incuantificable de víctimas, se dice que solo en Caracas se
contabilizaron 6 mil asesinados, bajo las órdenes de Italo del Valle Alliegro,
ministro de la defensa, más las autoridades civiles, quienes impartieron
órdenes de “dispare primero y dispare después”, especialmente de Antonio
Ledezma Gobernador del Distrito Federal.
Es
ese mismo Ledezma que hoy anda recorriendo el mundo, solicitando una
intervención “Humanitaria” contra Venezuela. El mismo que arremetió con la
ballena contra los adultos mayores en reclamo de sus pensiones. El mismo
Ledezma, quien ordenó la masacre en el retén de Catia en noviembre de 1992,
donde 200 presos perdieron la vida, porque según Antonio Ledezma estaban
vinculados a la “acción golpista” de la Fuerza Aérea para crear caos en
Caracas. El mismo que allanó la Universidad Central de Venezuela, para no
permitir “encapuchados delincuentes”.
Imaginemos
por un rato a Ledezma como presidente de la República, tal como se ha declarado
en el “exilio”. Es decir como aquel personaje de la cotidianidad venezolano:
Ledezma es el salvador con el arpa.
En
primer lugar, la búsqueda y captura de todo chavista sin distingo de posición
de gobierno, poder popular o simple militante, para su posterior ejecución de
acuerdo al tribunal que habrá de presidir Blanca Rosa Mármol, conformado por
Román Duque Corredor y Cecilia Gómez. Allí se realizarán juicios sumarios,
luego de la captura de los chavistas, bajo una brigada comandada por Henry
López Sisco. En segundo lugar, firmar convenios con el Fondo Monetario Internacional
para derogar la inversión social que en los últimos 20 años ha realizado la
revolución para atención de los más desposeídos. Fuera pensiones, hogares de la
Patria, Chamba Juvenil, etc. Eso no le sirve al FMI. En tercer lugar, la
privatización de los servicios básicos y la industria petrolera. Hacer bueno el
compromiso con Rex Tillerson, como compensación a la demanda que le ganó la
República Bolivariana de Venezuela a Exxon Mobil, de la cual el secretario de
Estado de los Estados Unidos es su presidente.
Es
decir, tendríamos un nuevo 27 de febrero,
con un saldo a favor de la MUD y el Grupo de Lima, ya que entre ellos se
repartiría la soberanía de la República. Esto sin mencionar la causa que en
Anzoátegui también se originó una sacudida a causa de Corocoro Rodríguez, quien
paralizó el transporte ese lunes de gente en la calle, y con un secretario
general adeco a punto de ser linchado en la avenida Municipal de Puerto La
Cruz, cerca del elevado.
