miércoles, 15 de junio de 2016

No firmaron la convocatoria a referendo

Las circunstancias, tiempo y lugar que vive actualmente la oposición, tiene como corolario que se les acabó el tiempo para convocar el referendo contra el presidente obrero Nicolás Maduro. Desde Chúo Torrealba hasta Lilian Tintori conocen muy bien el reglamento del 2007, que rige los procesos refrendarios que se han convocado en la República Bolivariana de Venezuela.
En el caso de Henrique Capriles, éste cuenta hasta con los dedos de los pies los lapsos legales, por lo cual las matemáticas no le cuadran. Por ello, el signo de violencia que esgrime mediáticamente no tiene otro mensaje que justificar que hasta él cometió errores al firmar la planilla.
Para algunos analistas políticos, hay un razonamiento que puede cobrar legitimidad. La mayoría de los dirigentes de la MUD no aparecen firmando la convocatoria al plebiscito, nombre con el cual Leopoldo López definió las elecciones de Gobernadores y Alcaldes del 2012. De ser demostrativo ese hecho, estamos ante una gran estafa contra el pueblo venezolano seguidores de la oposición.
A ellos les importa poco si aparecen o no firmando. No tienen el peligro de ser reconocido como signatarios de una convocatoria al revocatorio, porque no son servidores públicos. En todo caso sería la empresa privada que tome acciones contra los trabajadores que no firmaron contra Maduro. Saben que la acumulación de riquezas se les va de la mano. No podrán acceder al Poder Político por la vía constitucional. Buscan crear un estado de caos que conlleve a un estallido social.

Así las cosas, las redes sociales, elemento mediático que usa la oposición, se han activado con mensajes de un realismo mágico. Al leerse pareciera que Venezuela está sumergida en una guerra civil. El propio Henry Ramos Allup ha utilizado el argumento que en Barcelona hay dos muertos producto de los saqueos. Nos preguntamos cuáles saqueos. En todo caso, en esta parte de Venezuela, los únicos muertos son los que dirigen la MUD en el estado Anzoátegui.

Barcelona, 15 de junio de 2016