sábado, 19 de junio de 2010

Hoy es día del padre

Hoy es el día del padre. Pero este domingo es distinto a los que hemos celebrado en los últimos 35 años. Aún cuando se ha dicho que esta conmemoración es un efecto comercial, para los padres nuestro día es todos los días. Para nuestros hijos, es el compartir cada hora y cada momento el amor filial y, con ello, la construcción de espacios para consolidar los valores familiares.

Ahora, algunos se preguntarán, pero que tiene de distinto este día del padre. Para muchos es reunirse con los hijos en el hogar para brindar. Para mi es reflexionar sobre los días que están por venir, en vista de que está en juego la libertad de mi segundo hijo.

Para quien forma parte de una familia, donde cuatro generaciones han sido defensores de la seguridad de la gente, hoy sentimos que la justicia no es ciega, sino tuerta. Esto lo afirmamos porque en la aplicación del debido proceso está constreñido a un solo efecto y a una sola voz.

Nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ley madre de todas las normas jurídicas y legales del país, invoca “que todas las personas son iguales ante la ley”, y que el ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, es demostrativo que aún sigue aplicándose la justicia inquisitiva. Es decir eres culpable desde el momento mismo que se relaciona a un hecho penal.

El artículo 21, ordinal 1, de la Carta Magna, invoca que no se permitirá discriminación fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. No obstante, por allí hay que gente que amparándose en una suerte de denominación mercantil “lanza a los funcionarios policiales al desprecio público”.

El llamado es a los jueces naturales y a los fiscales del Ministerio Público, para que asuman lo contemplado en el Código Orgánico Procesal Penal, en la cual toda persona tiene derecho a ser juzgada en las jurisdicciones ordinarias, con las garantías establecidas en la Constitución y en la ley. Y no en páginas web o a través de fundaciones que pretenden asumir el papel de representantes del Ministerio Público.

sábado, 5 de junio de 2010

Los derechos de las víctimas del hampa


El creciente número de víctimas del hampa ha sido, y es,  una de las características de esta sociedad, en la cual el imperio del delito conlleva a que la impunidad  es  signo evidente de que no hay justicia. Los titulares de los medios de comunicación, corroboran que el grave deterioro de nuestras comunidades está enlazado con elementos distorsionantes de lo que es la aplicación de la ley.
En una relación de los crímenes cometidos durante el mes de mayo en el estado Anzoátegui, 43 fueron por armas de fuego y  cuatro por armas blancas, y una por mandarriazo en la cabeza. Los homicidas, dónde están. Es la pregunta que se hace el común de los anzoatiguenses.
A pesar de que el Estado realiza gastos para mejorar las condiciones de operatividad de los cuerpos policiales. Sin olvidar la formación profesional del funcionario. Algunas veces, esto no vale nada en momentos en que enfrenta el hecho criminal. De todas formas, la acción policial también es criminalizada.
Otro hecho significativo de la situación delictiva, es que se comete el hecho, entre ellos homicidios, por lo cual los familiares de las víctimas claman por justicia en todas las instancias responsables de dar respuestas. Han ido a todos los centros de administración penal. Sin embargo, el silencio es el método para que continúe la impunidad.
Como periodista profesional, al servicio de quién no tiene voz para reclamar,  es valedero que los familiares de las víctimas del hampa también tengan acceso a las respuestas que deben darle los operadores de justicia. En este caso jueces y fiscales. La ley  no es solo para quienes se creen dueños exclusivos de los derechos humanos.

Reivindicar el ejercicio del periodismo

Para quienes hemos seguido la trayectoria del Colegio Nacional de Periodistas, desde su fundación, no nos queda más que decir que en los últimos años su comportamiento como unidad gremial, ha sido convertirla en un brazo más para la práctica de quienes antagonizan en el plano político.
Participar en este proceso electoral, sería ratificar lo que hemos mantenido en estos últimos dos años: El CNP es un partido político que se mueve bajo las directrices de la Mesa de la Unidad Democrática, y no como la organización que debe ajustarse a los principios de la ética profesional, al servicio de la verdad y la pluralidad de las informaciones. Norma supra establecida en la Ley de Ejercicio del Periodismo.
Sobran los ejemplos para decirle No a estas elecciones que buscan ratificar en sus cargos, a quienes se olvidaron de luchar por la seguridad social del comunicador social. En otros casos a personas que no tienen tradición comunicacional en el gremio. Aún cuando no voy a personalizar, lo que si es necesario es darle un vuelco a la institucionalidad para buscar nuevos espacios que reivindiquen a los comunicadores sociales, cualquiera sea su ejercicio y mención.
Estoy en sintonía de que se revise la actual Ley de Ejercicio del Periodismo, incluyendo su cambio como figura jurídica. Ello concita en darle espacios a los nuevos comunicadores, que aún cuando egresan de las universidades en menciones distintas a la de medio impreso, ejercen el periodismo como tal y no la mención en la cual se graduaron.
Es así que debe plantearse una Ley de Ejercicio de la Comunicación Social, donde los egresados universitarios, tanto de las universidades tradicionales, como la Misión Sucre sean reconocidos como tal, y no con el desprecio como lo hizo en una oportunidad el Colegio de Ingenieros, cuando no reconocía ingenieros y arquitectos graduados en la Universidad Santiago Mariño.
Para ello, los afectados tuvieron que recurrir ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, para que se reconociese su derecho al ejercicio profesional de la ingeniería y la arquitectura, de acuerdo a la sentencia dictada el 16 de mayo de 2002.
La nueva Ley de Ejercicio de la Comunicación Social es una necesidad imperiosa, para que la información como tal tenga el espacio que le corresponde en los ámbitos de la República Bolivariana de Venezuela.