Recientemente leímos en un medio impreso de la zona, un interesante trabajo relacionado con los policías fallecidos por diversas circunstancias, especialmente por manos del hampa. Esta relación de hechos, que conmocionan al mundo de la seguridad y el orden público, determina, una vez más, que la función policial se ha convertido en una profesión peligrosa.
El ciudadano que abraza el ejercicio policial, como modo de vida, tiene tres opciones. La primera morir en cumplimiento del deber, ocasionado por un enfrentamiento. La segunda opción, terminar preso producto de un enfrentamiento. La tercera no meterse en problemas. Convertirse en un funcionario 15-30 y lograr una jubilación decente.
No mencionamos una cuarta opción, porque en nuestro modo de vida no aceptamos policías delincuentes.
Sin embargo, nos referiremos hoy a la segunda opción. Terminar preso producto de un enfrentamiento. Esta circunstancia ha conllevado a la forma como se manejan los derechos fundamentales en el estado Anzoátegui. Hoy hay más policías presos que en cualquier otro tiempo y circunstancia.
En estos días, el funcionario policial no tiene derecho a la defensa. Solo con utilizar el arma para aplicar el estado de necesidad y legítima defensa, ya está propenso a que sea solicitada una orden de captura y una posterior medida privativa de libertad, a pesar de cumplir con el régimen de presentación para la audiencia preliminar.
En Anzoátegui, familiares de las víctimas o delincuentes muertos en enfrentamiento se escudan en los derechos fundamentales para crear una matriz de opinión enmarcada en el martirologio: “Era un estudiante, un obrero, un trabajador, un padre de familia, etc.”. ¿Acaso, el policía no es un ciudadano al igual que resto de los integrantes de la sociedad?
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