Olvidaron la Ley Habilitante de Carlos Andrés y Lusinchi

Con un formulismo populista y con la amenaza de tomar las plazas Bolívar, para protestar la aprobación de una nueva Ley Habilitante que le otorgará al presidente Hugo Chávez poderes para resolver el problema de las inundaciones, la oposición, encabezada en su mayoría por dirigentes que fueron parte del otrora Congreso Nacional, ex gobernadores y ex alcaldes, han olvidado el pasado, donde se le otorgó poderes extraordinarios a sus viejos líderes.

Veamos: Carlos Andrés Pérez en su primera presidencia, es decir en 1974, con el fin de canalizar los ingresos adicionales y tomar medidas de urgencia, pidió al Congreso Nacional le otorgaran poderes extraordinarios en materia económica. Sin tener ningún tipo de elemento que conllevara a la resolución de problemas de pobreza crítica, el señor Pérez creó, bajo la Ley Habilitante, el Fondo de Inversiones de Venezuela. Para esa época, el partido de gobierno y la oposición: Cero hit, cero error, cero carrera.

Por cierto, para la campaña de 1978, que conduciría a Luis Herrera a la presidencia de la República, la frase ¿Dónde están los reales?, permitió preguntar que había sucedido con ese dinero que obtuvo CAP por la Ley Habilitante. La frustración fue el producto final que los venezolanos saborearon.

Ante esa experiencia de los años dorados del adequismo, Luis Herrera nunca se atrevió a solicitar una Ley Habilitante. Sin embargo, para el siguiente período presidencial, 1983-1988, Jaime Lusinchi solicitó poderes extraordinarios al Congreso Nacional, a través de la Ley Habilitante. La cual tampoco fue para resolver los problemas sociales de los más pobres del país. El fin de este instrumento que otorgó poderes al nacido de Clarines, tuvo como colofón el aumento el precio de la gasolina, vencimiento masivo, concentrado y aparente de la deuda externa venezolana, compromiso adquirido con el Fondo Monetario Internacional. En aquella época, los hoy  recién electos diputados de la oposición: Cero hit, cero error, cero carrera. Y las reservas internacionales del país en uno de los niveles más bajos.

Finalmente lo que conllevó a que el país se estremeciera: El Caracazo, producto de las medidas económicas implementadas por el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Conocido como el Paquete Económico, CAP anunció fuertes medidas. La eliminación del régimen de cambios diferenciales, la eliminación de restricciones para las tasas de interés, la eliminación de subsidios y de controles de precio, así como el incremento de los precios de la gasolina. El producto de esta situación conllevó a muerte y desolación en todo el territorio venezolano. En aquella época, los hoy recién electos diputados de la oposición: Cero hit, cero error, cero carrera.

Nos preguntamos,  el desastre nacional del pasado no fue responsabilidad de quienes hoy se dan golpes de pecho. El problema es que nosotros, los venezolanos, tenemos memoria corta.

Policías déjense matar por los delincuentes

Recientemente leímos en un medio impreso de la zona, un interesante trabajo relacionado con los policías fallecidos por diversas circunstancias, especialmente por manos del hampa. Esta relación de hechos, que conmocionan al mundo de la seguridad y el orden público, determina, una vez más,  que la función policial se ha convertido en una profesión peligrosa.

El ciudadano que abraza el ejercicio policial, como modo de vida, tiene tres opciones. La primera morir en cumplimiento del deber, ocasionado por un enfrentamiento. La segunda opción, terminar preso producto de un enfrentamiento. La tercera no meterse en problemas. Convertirse en un funcionario 15-30 y lograr una jubilación decente.

No mencionamos una cuarta opción, porque en nuestro modo de vida no aceptamos policías delincuentes.

Sin embargo, nos referiremos hoy a la segunda opción. Terminar preso producto de un enfrentamiento. Esta circunstancia ha conllevado a la forma como se manejan los derechos fundamentales en el estado Anzoátegui. Hoy hay más policías presos que en cualquier otro tiempo y circunstancia.

En estos días, el funcionario policial no tiene derecho a la defensa. Solo con utilizar el arma para aplicar el estado de necesidad y legítima defensa, ya está propenso a que sea solicitada una orden de captura y una posterior medida privativa de libertad, a pesar de cumplir con el régimen de presentación para la audiencia preliminar.

En Anzoátegui, familiares de las víctimas o delincuentes muertos en enfrentamiento se escudan en los derechos fundamentales para crear una matriz de opinión enmarcada en el martirologio: “Era un estudiante, un obrero, un trabajador, un padre de familia, etc.”. ¿Acaso, el policía no es un ciudadano al igual que resto de los integrantes de la sociedad?

Documentos de Wikileaks y reacción norteamericana

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La actitud de Hillary Clinton ha llegado a tal extremo que no logra como justificar ante los gobiernos del mundo la publicación de documentos que comprometen, no solo a la gestión de George Bush, sino a la actual presidida por Barak Obama, en la intromisión en las políticas internas de varias las naciones del mundo.

Luego de la desclasificación de más de 200 mil documentos del Departamento de Estado Norteamericano, hay una gran verdad. El gobierno estadounidense ha desatado una feroz campaña contra Julian Assange, editor de Wikileaks, la cual incluye una orden de captura por parte de la Interpol, para que responda por una agresión sexual.

Sin embargo, para nadie es un secreto que las políticas del gobierno norteamericano, no solo en el caso de Irak, cuando en un video se ordena atacar desde un helicóptero a varios periodistas en Bagdad, situación que puso al descubierto un cabo naval de los Estados Unidos, quien entregó a Assange el material audiovisual, demuestra de lo que son capaces los gringos.

Hoy el cabo Bradley Manning está a la espera de una sentencia por haber entregado el material a Assange. Probablemente cadena perpetua. No obstante a ello, quienes cometieron la brutal masacre contra los comunicadores sociales, están libres y sin posibilidades de ser sometidos a juicio.

La publicación de los documentos desclasificados por Wikileaks también toca a Venezuela. El gobierno norteamericano, bajo su actitud forajida y antiética, recomienda aislar al gobierno de Hugo Chávez, acusándolo de ser peligroso para la región Latinoamericana. Esto demuestra que los Estados Unidos aspira tener el control de nuestro país, con la anuencia de la oposición venezolana.